En Argentina, el litio en el centro de las tensiones con las comunidades indígenas

«El agua vale más que el litio», «¡Nada de reformas! », leemos, el jueves 20 de julio, sobre las pancartas esgrimidas durante las manifestaciones que congregaron a varios miles de personas en la provincia de Jujuy, en el noroeste argentino y en Buenos Aires. Esa noche, la región conmemoró «noche de apagón»«la noche del apagón»: los apagones orquestados en 1976 por la junta militar entonces en el poder para llevar a cabo el secuestro, detención o asesinato de 400 personas en la provincia, 33 de las cuales continúan desaparecidas.

Esta vez, con los tradicionales gestos conmemorativos, organizados por el 47^mi aniversario de esta noche de terror, se han añadido nuevas peticiones. Las comunidades indígenas de la provincia protestan contra una reforma a la Constitución local, realizada según ellos al ritmo, por el gobernador de la provincia, Gerardo Morales. Las enmiendas aprobadas en tres semanas, en comparación con los tres meses de debate planeados originalmente, generan temores entre las comunidades indígenas de que estarán menos protegidas contra el avance de la minería de litio en la región.

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A mediados de junio, cientos de personas bajaron de la puna Argentina, Cordillera de los Andes, a San Salvador de Jujuy, la capital provincial, para protestar por esta reforma. El día de su adopción, 20 de junio, las manifestaciones organizadas frente a la Asamblea Constituyente habían sido brutalmente reprimidas, con un saldo de 96 heridos según las autoridades locales.

“Este proceso constituyente se ha llevado a cabo de manera ‘exprés’, con muy poca consulta con las comunidades indígenas, explica Pablo Gargiulo, abogado miembro de Andhes, un colegio de abogados del norte de Argentina. Este es un tema delicado porque Argentina ha suscrito una serie de tratados y convenios internacionales que reconocen su derecho a ser informado sobre medidas que puedan afectar sus intereses. »

Búsquedas y arrestos

Esta falta de consulta, que defiende el gobierno local, contradiría no sólo el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por Argentina, sino también la Constitución nacional, que prevalece sobre las Constituciones de las provincias.

Particularmente condenado, el nuevo artículo 67 consagra la prohibición de cortar «calles y caminos, así como cualquier otra perturbación del derecho a la libre circulación de las personas». Siendo el bloqueo de los caminos que conducen a Chile y Bolivia las formas más comunes de acción directa de las comunidades indígenas, la introducción de esta nueva norma limita severamente sus posibilidades de manifestación y visibilización de sus demandas.

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