El Estado argentino considerado «responsable» de la masacre de la población indígena en 1924
La justicia argentina reconoció oficialmente el jueves «responsabilidad» masacre de más de 400 indígenas, hace casi un siglo, en un resguardo del Chaco (norte), durante una «El proceso de la verdad» inédito que recomendaba medidas correctivas.
En el presente caso, el tribunal sostuvo que “En la mañana del sábado 19 de julio de 1924, un centenar de policías, gendarmes y varios civiles armados, apoyados por un avión, llegaron a la zona del resguardo donde se encontraban mil personas, familias Qom y Mocoit, así como trabajadores agrícolas. . Huelga » para protestar contra sus deplorables condiciones de trabajo en los campos de algodón. Esta tripulación armada abrió fuego durante más de una hora y “Entre 400 y 500 miembros de las etnias qom y mocoit han muerto (…)los heridos que no pudieron escapar fueron asesinados de la manera más cruel posible”.con mutilaciones, entierros en fosas comunes.
La jueza Zunilda Niremperger, quien preside el tribunal, ordenó lo que se conoce como la “Masacre de Napalpi”, cuyo recuerdo resurgió durante quince años tras una larga invisibilidad. «Remedios históricos». Entre ellos, la publicación de la sentencia en el diario oficial, incluir la masacre en los programas escolares, transmitir el juicio por la televisión pública, continuar con las investigaciones forenses para la exhumación y entrega de los restos de las víctimas. Ya se había erigido un monumento en 2020.
Un estreno en Argentina
El tema de la compensación económica no fue un problema ni una demanda en los debates, aunque la decisión en teoría podría allanar el camino para un proceso civil. El juicio de Napalpi, de gran valor simbólico, sin «acusados» como tales, es sin embargo el primero en el país, y una muestra de una mayor visibilidad de los crímenes cometidos contra los pueblos indígenas durante la construcción de la Argentina como nación en toda su extensión. 19y siglo y más allá.
La Provincia del Chaco (que en ese momento no existía), la Secretaría de Derechos Humanos (gobierno) y el Instituto Aborigen Chaqueño fueron co-quejantes en el proceso. El juez Niremperger advirtió desde el principio que el juicio “No buscó la responsabilidad penal, sino el conocimiento de la verdad, para rehabilitar la memoria de los pueblos, curar heridas, reparar y también activar la memoria y la conciencia de estas violaciones a los derechos humanos”..
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